¿Esta, aquella o "ninguna" ley de medios? Por Mariano Grondona Especial para lanacion.com
16 de setiembre de 200
Los legisladores oficialistas, opositores e intermedios debatían minuciosamente cada uno de los artículos de la nueva ley de medios que propone el Poder Ejecutivo cuando el gobernador de Alberto Rodríguez Saá arrojó una piedra en el lago al advertir que el Congreso no está autorizado a sancionar "ninguna" ley de medios. Su fundamento no era otro que el artículo 32 de la Constitución, que reza así: "El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal".
Ningún intérprete razonable de la Constitución podría negar dos cosas. Una, que lo que en el siglo XIX era "la libertad de imprenta", en el siglo XXI se ha convertido, por obvias razones técnicas, en "la libertad de imprenta y audiovisual". La otra, que en este caso la Constitución da un paso más en la defensa de las libertades porque aquí no se limita a defender la libertad de expresión sino que además "prohíbe" directamente cualquier ley, buena o mala, que el Congreso pretenda dictar en esta materia.
Lo cual lleva a esta conclusión insoslayable: que el Congreso, al debatir la ley de medios, está violando abiertamente la Constitución. Lo que más debería llamarnos la atención, entonces, no es que algunos legisladores apoyen, otros se opongan y un tercer sector negocie en torno de un proyecto de ley que "todos" deberían haber detenido por igual en la puerta misma del Congreso por ser el vehículo de un avance del Estado sobre la sociedad expresamente fulminado por los redactores de la Constitución.
Que esta consideración fundamental no haya impedido, lisa y llanamente, el debate, habla a las claras de la "cultura estatista" que se ha instalado entre nosotros. Es como si los argentinos no concibiéramos ya que hay ciertos temas en los cuales no corresponde, sencillamente, que se meta el Estado. Así ha pasado recientemente con otros conceptos como el derecho de propiedad de los productores agropecuarios sobre los granos, la leche o la carne, la santidad de los contratos en el tema del fútbol o los derechos inviolables de los jubilados sobre sus ahorros que violó la estatización de las AFJP.
Es que ya casi no se discute "si" al Estado le está permitido intervenir en estos temas sino "cómo" le convendría hacerlo. Casi inconscientemente, el intervencionismo estatal se ha convertido de este modo en el supuesto habitual de nuestras discusiones. Hasta hace poco tiempo se había aceptado sin embargo el famoso "principio de subsidiaridad" en función del cual el Estado debe intervenir solamente en aquellos casos en que la iniciativa privada prueba ser insuficiente. Hoy parece regir el principio contrario: que, como se supone que el Estado debe intervenir obligadamente, sólo queda por discutir cómo lo hace, lo cual revela una profunda desconfianza en la iniciativa privada pese a que ella ha sido la clave del progreso de los países de punta. Estamos lejos del mundo. Así nos va.